A lo igual que las manifestaciones en todo el país bajo el hastag #ConMisHijosNoTeMetas, los padres elevaron su voz en contra del comunicado que difundió la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, donde confirmaron que implementarán ideología de género.
«Como padres autoconvocados, NO nos oponemos a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, como así tampoco pedimos que se suspenda el dictado de la educación sexual integral», expresaron y aclararon que «no estamos de acuerdo con la forma en que se está implementando esta Ley».
En el reclamo también recordaron la norma que «habilita a las comunidades educativas a adaptar las propuestas a las convicciones de sus miembros, esto teniendo el respeto por las convicciones y creencias de cada integrante de acuerdo a las garantías que están expresadas en los Pactos de derechos humanos con jerarquía constitucional (Convención de los Derechos del Niño, art. 14, Pacto de San José de Costa Rica art. 12 inc. 4), que garantizan que las convicciones sean respetadas».
«Como Padres nos llama poderosamente la atención que este organismo promotor y defensor de los Derechos Humanos salga públicamente a tomar postura en contra del derecho parental de los progenitores que fundados en derechos constitucionales que nos asisten, reclamamos que se cumpla la ley ESI, en toda su extensión y especialmente haciendo hincapié en el artículo 9 donde dice claramente que los padres tenemos el derecho a estar informados sobre los contenidos que se les enseñarán a nuestros hijos», dijeron.
Texto completo de los Padres Autoconvocados al gobierno
En referencia al descargo realizado por la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno y Justicia, es necesario aclarar algunos puntos de las notas presentadas, no solo en la Escuela Provincial N° 7, sino en varios establecimientos educativos de la ciudad de Rio Grande.
En primer lugar, como padres autoconvocados, NO nos oponemos a la aplicación de la Ley de ESI en las escuelas, como así tampoco pedimos que se suspenda el dictado de la educación sexual integral, tal como lo sostuvo ésta Secretaría en el artículo publicado a través de la página de Facebook del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Las notas presentadas expresan claramente en su primer párrafo, que no estamos de acuerdo con la forma en que se está implementando esta Ley. Entendemos que la ley es de cumplimiento obligatorio, es por ello, que solicitamos a los directivos de las escuelas, SE NOS INFORME los contenidos como así también, los días y horarios en que dicha clase será dictada.
De esta manera, una vez informados como representantes legales de nuestros hijos, derecho que nos asiste por el art. 9 de la Ley 26.150, podamos decidir si nuestros hijos van a participar o no de dicha clase. Insistimos en aclarar que estamos en desacuerdo con que se brinde contenidos por fuera de los objetivos propuestos en esta Ley nacional de ESI, referidos a cualquier tipo de ideología de género, perspectiva de género, visión de género o diversidad sexual. Ya que la ley 26.150 en ninguno de sus artículos habilita la enseñanza de ningún tipo de ideología.
Dicha ley habilita a las comunidades educativas en el artículo 5 a adaptar las propuestas a las convicciones de sus miembros, esto teniendo el respeto por las convicciones y creencias de cada integrante de acuerdo a las garantías que están expresadas en los Pactos de derechos humanos con jerarquía constitucional (Convención de los Derechos del Niño, art. 14, Pacto de San José de Costa Rica art. 12 inc. 4), que garantizan que las convicciones sean respetadas.
Como Padres nos llama poderosamente la atención que este organismo promotor y defensor de los Derechos Humanos salga públicamente a tomar postura en contra del derecho parental de los progenitores que fundados en derechos constitucionales que nos asisten, reclamamos que se cumpla la ley ESI, en toda su extensión y especialmente haciendo hincapié en el artículo 9 donde dice claramente que los padres tenemos el derecho a estar informados sobre los contenidos que se les enseñarán a nuestros hijos.
Respecto a la ley de identidad de género decimos que no desconocemos la misma, pero si queremos dejar constancia que no existe mención alguna en la Ley Nacional de Educación, ni en la ley ESI de que deba incluirse en los contenidos enseñados. Tanto es así que es de público conocimiento que existe un dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación que pretende modificar la Ley ESI para incluir estos contenidos que claramente hoy no figuran en la Ley y que por lo tanto no es obligatorio enseñarlos.
Por lo tanto más allá que no nos corresponde abrir un juicio de valor sobre las orientaciones sexuales, si nos corresponde como padres velar por la educación de nuestros hijos tal lo dispuesto por las leyes (Declaración universal de derechos humanos art. 26 inc. 3,Pacto internacional de derechos civiles y políticos art. 18 inc. 4, art. 638 y 646 inc. a del C.CyC,) donde se reconoce a la familia como agente natural y primario de la educación de sus hijos por lo que tenemos todo el derecho a oponernos a que se les enseñen contenidos no respaldados por ninguna ley y que hoy por hoy forman parte de una corriente ideológica que pretende de manera autoritaria imponerse como la única verdad dejando de lado la información biológica, científicamente comprobada.
Por esto decimos que lamentamos que la Secretaría de Derechos Humanos que debería intervenir a favor de los derechos de todos y no de un sólo sector de la población, no se ocupe de averiguar lo que planteamos los padres sobre lo que sucede con la educación sexual de nuestros hijos. Recordándole a la Secretaría de Derechos Humanos que nuestros hijos tienen derecho a que se respete su integridad y dignidad y que sean respetadas su libertad de conciencia, de pensamiento y /o religión, y que los Padres tenemos el derecho y la obligación de velar porque estos derechos sean cumplidos y nadie los conculque, por acción u omisión.
Por lo tanto, esperamos que el Estado pueda reflexionar y dar a las familias la participación e información, que nos merecemos y que nos garantiza la Ley 26.150 en los Artículos 5 y 9 y a que se respeten nuestras decisiones en el marco del derecho parental que nos asiste.
Objetivos:
• Canalizar la voz de la ciudadanía ante autoridades públicas e instancias de la sociedad civil para hacer presentes sus derechos y promover sus deberes.
• Promoción, divulgación y defensa de los valores, derechos y deberes de la familia y de la vida humana.
