Un político provida y profamilia puede convertirse en el próximo presidente de Costa Rica en el segundo turno electoral del próximo 1 de abril, gracias a la clarísima agenda de valores que defiende y, paradójicamente, gracias también al descarado activismo de género por el que se ha apostado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El diputado evangélico Fabricio Alvarado Muñoz está cerca de llegar a la principal magistratura del país caribeño después de recibir la mayor votación en los comicios del pasado domingo 4 de febrero: el 25%, seguido del oficialista Carlos Alvarado Quesada, con el 22%. Ninguno alcanzó el 40% necesario para vencer.
Ahora hay dos Alvarados contendiendo en el balotaje por la presidencia: los dos tienen formación en Comunicación Colectiva en Universidad de Costa Rica y los dos se han dedicado al periodismo; uno es también cantante de góspel y otro escritor de novelas; sin embargo, sostienen posturas totalmente opuestas respecto a temas fundamentales, especialmente en los relacionados con la vida y la familia.
Fabricio Alvarado, candidato del Partido Restauración Nacional (PREN), es defensor del derecho a la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural; del matrimonio y la familia, del derecho de los padres a educar a sus hijos, es promotor de la libertad de iniciativa económica y de un Estado que respete el principio de subsidiariedad.
No es un advenedizo. Está considerado como un político genuinamente provida y profamilia. Participó activamente en las multitudinarias marchas que se han desarrollado en el país bajo el lema Con Mis Hijos No Te Metas y fue uno de los signatarios de la Declaración de México, que fue entregada a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en octubre del año pasado.
En el texto advierte sobre “los agresivos y continuados esfuerzos” de la OEA y de su sistema de derechos humanos por imponer “políticas y perspectivas ideológicas que atentan contra el derecho a la vida, la familia y las libertades de expresión, de asociación y religiosa”.
“Constituyen un golpe a la democracia representativa de la región” y tales intentos “exceden el mandato que les ha sido conferido por los Estados”, señala el documento firmado por 700 parlamentarios de 18 países. En Costa Rica, el diputado evangélico fue uno de sus principales promotores.
De 43 años, está casado con Laura Moscoa, con quien tiene dos hijas, y coordinan juntos un ministerio cristiano llamado Metamorfosis. Forma parte de una comunidad evangélica denominada Iglesia Centro Mundial de la Adoración.
Por su parte, Carlos Alvarado, el candidato del izquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), actualmente en el poder, fue el director de la campaña del actual presidente, Luis Guillermo Solís, quien lo designó presidente ejecutivo de Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), después ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y, finalmente, ministro del Trabajo.
De 37 años, está casado con Claudia Dobles Camargo, con quien tiene un hijo. Defiende una mayor intervención del Estado, es defensor del matrimonio gay, de la inserción de laperspectiva de género en la educación, y de ampliar los supuestos de despenalización del aborto.
Los dos arrancaron sus campañas en octubre y noviembre del año pasado con una bajísima intención de voto: 1,8% para el opositor Fabricio Alvarado y 2% para el oficialista Carlos Alvarado. Esto los colocaba en un lejano sexto lugar entre trece candidatos.
Sin ningún tipo de publicidad televisiva, una limitadísima exposición en otros medios, y una campaña de bajo presupuesto, Fabricio Alvarado tuvo un saltó del 1,8% al 10% en las intenciones de voto tal y como registró una encuesta realizada del 9 al 14 de enero por CID Gallup.
Ya para el 31 de enero, en la víspera de la elección, según otra encuesta de Opol Consultores, el parlamentario era candidato puntero con el 17% de los votos declarados.
El intento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ‘legalizar’ el matrimonio ‘homosexual’ modificó de manera drástica la intención de votos
Por su parte, con todo el apoyo del establishment y del aparato estatal, el izquierdista Carlos Alvarado consiguió posicionarse, con gran dificultad, según la misma encuesta de Opol, en el tercer lugar unos días antes de los comicios.
Al final, los dos Alvarados dejaron atrás a los políticos que dominaron en buena parte de la campaña electoral: Juan Diego Castro, del centrista Partido Integración Nacional (PIN), y Antonio Álvarez Desanti, del izquierdista Partido de Liberación Nacional (PLN). Y el giro aconteció en tan solo cuatro semanas.
¿Qué fue lo que catapultó a Fabricio Alvarado del sexto al primer lugar en las intenciones de voto? ¿Qué le otorgó el primer lugar en la elección presidencial y lo llevó inesperadamente al balotaje?
Todos los analistas coinciden en que la entrada del tema del matrimonio igualitario en la agenda electoral fue el factor decisivo para este cambio. En sentido inverso al esperado por muchos, el rechazo popular a la tentativa de imponer el matrimonio entre personas del mismo sexo entró como tema relevante en el debate político con capacidad de mudar la intención de voto.
Lo más paradójico es que el tema fue introducido por la puerta grande por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que el pasado 9 de enero divulgó una opinión consultiva, solicitada por el gobierno de Luis Guillermo Solís, que conminaba a Costa Rica y a los demás países de la región a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y a aceptar el cambio de nombre en registros oficiales por razones de género.
De acuerdo con en tribunal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, interpretada de forma evolutiva, es garante para el reconocimiento como derechos de reivindicaciones derivadas de la presunta identidad de género. Es una “categoría contemplada en el pacto”, advirtieron los magistrados.
El Pacto de San José habla de la familia como “elemento natural y fundamental de la sociedad”, pero lo interpreta de forma evolutiva
La opinión consultiva fue inmediatamente contestada por diversos juristas y por organizaciones ciudadanas de todos los países de la región que consideran que deforma lo estipulado explícitamente en el Pacto de San José, hiere el Estado de derecho y la soberanía de los países miembros de la OEA. Además niegan que posea carácter vinculante.
El artículo 17 del Pacto de San José determina que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, […] se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia”. La interpretación evolutiva de los magistrados choca abiertamente con lo que esta explicitado en el texto.
Más de 70 organizaciones civiles de 12 países entregaron un Manifiesto por la Soberanía de los Estados Americanos en sus cancillerías solicitando rechazar la opinión consultiva, y una campaña de CitizenGo envio más de 63 mil firmas de repudio a la Corte.
La consulta a la Corte fue una maniobra diplomática del presidente Solís para transferir a la Corte la decisión para la cual no conseguía consenso en su país. Desde el inicio de su gobierno el mandatario abrazó diversas pautas de la agenda de género. En mayo de 2014 izó en la sede de la Presidencia una bandera arcoíris, implementó una serie de políticas públicas contra la supuesta homofobia e intentó implementar la perspectiva de género y un inadecuado abordaje para la educación sexual en el sistema educativo.
Para neutralizar a sus detractores y poder aprobar “desde arriba” -a través de un simple acto de acatamiento de una instancia superior- dos de las más preciadas demandas del lobby LGBT, Solís consultó a la Corte. Y el tribunal le respondió lo que él quería. Pero, al parecer, fue un tiro dado en el pie.
Solís olvidó tener en cuenta el sentir popular. La opinión consultiva de la Corte, vinculante para el país, fue ampliamente repudiada por la población. De acuerdo con una pesquisa del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada del 15 al 17 de enero, la manifestación de la Corte imponiendo el matrimonio igualitario en el país es rechazada por siete de cada diez costarricenses: el 67% de los entrevistados.
La misma encuesta apunta que el 68% de los consultados son contrarios a ampliar los supuestos de despenalización del aborto, ni siquiera en caso de violación. En el país el aborto es reconocido como crimen, pero no conlleva ninguna pena cuando está en peligro la vida de la madre.
La prensa progresista ha comenzado una campaña contra Fabricio Alvarado de cara a la segunda tildándole de “fundamentalista” y “homofóbico”
Fue de este amplio sector de la población de donde salió el medio millón de electores de Fabricio Alvarado. A diferencia de otros candidatos, no tuvo que adaptar su discurso para capitalizar a los descontentos. Desde el inicio de su campaña su programa y su discurso fue abiertamente provida y profamilia. Los debates televisivos ayudaron a cristalizar y divulgar su posición: clara, firme y sin complejos.
Su desafío ahora es consolidar el voto que obtuvo en el primer turno y ampliarlo, yendo más allá del respaldo coyuntural. No es una tarea fácil, pues tendrá previsiblemente una campaña significativamente más modesta que la del oficialismo, que contará además con el respaldo del aparato estatal y burocrático, y del establishment.
Los cañonazos contra el diputado Alvarado ya comenzaron. La prensa progresista le dio la bienvenida al balotaje rotulándolo como “fundamentalista” y “homofóbico”.
Una eventual victoria del parlamentario podría tener impacto significativo más allá de las fronteras del país caribeño. Por lo pronto la llegada al balotaje de este político singular ya brindó una lección que él mismo sintetizó al saberse vitorioso: “(Este resultado) dejó algo muy claro a los políticos tradicionales, y es que nunca más se metan con la familia. Nunca más”.
Objetivos:
• Canalizar la voz de la ciudadanía ante autoridades públicas e instancias de la sociedad civil para hacer presentes sus derechos y promover sus deberes.
• Promoción, divulgación y defensa de los valores, derechos y deberes de la familia y de la vida humana.
