El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició su mandato dando cumplimiento a sus promesas de campaña de poner a su país primero, por encima de intereses foráneos. Así lo refleja la publicación de la Medida Provisional Nº 870, del 1 de Enero de 2019, en la cual se definen las funciones del Ejecutivo y se establece que el gobierno brasileño, a través de la Secretaría de Gobierno -dependiente de la Presidencia-, tendrá entre sus competencias “supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades y las acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional”, acciones que el presidente Bolsonaro ya había anunciado desde su campaña y que había generado una rabiosa reacción de estos agentes extranjeros.
Al respecto, el especialista Bruno Bertolossi de Carvalho, asociado al importante movimiento Escuela Sin Partido, declaró que “en primer lugar, la oposición de Bolsonaro a la acción de las ONGs y organismos internacionales en Brasil viene de muchos años, o sea, antes de que él fuera candidato a Presidente, pero es algo que ha tenido énfasis en su campaña. No es ninguna sorpresa su decisión. Además de eso, hay ya en sus discursos de posesión, así como en los del Ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Ernesto Araújo, la posición muy marcada de que la prioridad del gobierno es el Brasil, no el «orden internacional». A decir verdad, me parece que en todos los temas fundamentales en que Bolsonaro propone cambios de dirección, seguridad pública y educación, por ejemplo, las ONG’s en general, así como organismos como Amnistía Internacional, son considerados obstáculos por querer imponer políticas anti-policía, anti-familia «tradicional», etc. Es decir, se identifican líneas ideológicas muy marcadas, orientadas por ciertas finalidades de ingeniería social y cambios culturales que, además de la fuerte inversión extranjera, también ha logrado disponer de financiación gubernamental en Brasil, lo cual es muy raro, por el hecho de que las llamadas ONG’s estaban completamente vinculadas al gobierno y han sido importantes agentes para implementar políticas de PT y PSDB a lo largo de las últimas décadas.”
Por su parte, para el periodista de Actuall, Diego Hernández, “el gobierno de Bolsonaro ha comenzado en estos primeros días por algo que es lógico y natural para cualquier gobierno, es decir, reformular la estructura del gobierno para que pueda funcionar mejor de acuerdo con los objetivos y las estrategias que el propio gobierno se ha planteado. Este gobierno tiene algunas prioridades que definió o que quedaron muy claras en los dos discursos que dio Bolsonaro en su investidura. Entre ellos está el combate a la corrupción, el combate a la criminalidad y a la delincuencia organizada, la estabilidad económica, el desarrollo económico y la colaboración para la generación de empleo, así como liberar al país de la sumisión ideológica que se le impuso durante algunas décadas, colocar en el centro a la familia, combatir la ideología de género, el respeto a las libertades fundamentales, especialmente libertad religiosa y de conciencia, y a los valores de la tradición judeo-cristiana que está en el centro de la forma de ser de los brasileños. Para estas prioridades el gobierno ha reestructurado el aparato gubernamental que recibió. Un ejemplo claro de ello es que desapareció, por ejemplo, la Secretaría de Diversidad Racial y otras que existían y se ha creado un único Ministerio para la atención a la Mujer, a la Familia y a los Derechos Humanos. En este sentido, la Secretaría de Gobierno de Brasil, que es un órgano que depende directamente de la Presidencia, y estructurada por el equipo de transición que preparó la llegada de Bolsonaro, tenga entre sus diversas atribuciones las siguientes: «supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades y las acciones de organismos internacionales y de organismo no gubernamentales en el territorio nacional». Estas atribuciones que se le da a la Secretaría de Gobierno no tiene, por su formulación, una connotación de control sobre los órganos o las organizaciones no gubernamentales tal como han dicho las organizaciones de izquierda, abiertamente progresistas y que promueven el aborto, el feminismo radical, la ideología de género, la liberación de las drogas, etc. Estas nuevas atribuciones tienen por objetivo el monitoreo y acompañamiento de las acciones que realizan los organismos internacionales y gubernamentales en el país. Sobre el monitoreo, este gobierno tiene muy claro que diversas organizaciones han sido un instrumento permanente y sistemático de la izquierda para el socialismo cultural que se ha impuesto durante décadas en el país y lo que se pretende ahora es una ruptura con el sistema, es decir, con el régimen socialista que existía antes y con su propuesta de reingeniería social para Brasil. La idea es que el gobierno pueda inhibir, en caso de que sea necesario, el cometimiento de ilícitos o de acciones que vayan contra las disposiciones legales que el país tiene. Es importante notar que, como el toda América Latina, diversas organizaciones internacionales han inyectado cantidades millonarias de dólares en los países para, por ejemplo, liberar el aborto. Esto es algo que pretende ser monitoreado por la Secretaría para evidenciar de dónde viene este dinero, cuál es su uso y poder transparentarlo. Por otra parte, diversas organizaciones no gubernamentales brasileñas recibieron permanentemente dinero del gobierno federal para sustentar la agenda del Partido de los Trabajadores. Con esta supervisión se tendrá ahora claridad respecto del origen de los fondos que reciben. Sobre el aspecto de la coordinación debe entenderse como trabajar para unir esfuerzos, junto con el gobierno, y no necesariamente de dirigirlos a ellos. Esto no está muy distante de las atribuciones que tenían los gobiernos anteriores, no es algo nuevo. Las organizaciones que ponen el grito en el cielo por estas medidas lo hacen porque no quieren estar en el foco del Gobierno.”
Para el politólogo argentino Agustín Laje, autor del bestseller “El libro negro de la nueva izquierda”, esta medida significa “que una nueva derecha está emergiendo en occidente. Ya no es secreto para nadie. Bolsonaro es una de sus expresiones más puras, junto con Trump en los Estados Unidos. Esta derecha viene para contrariar uno de los pilares del mundo posmoderno que lucha por establecerse: la corrosión sistemática de las soberanías nacionales. Los organismos internaciones y las ONG, en efecto, han venido poniendo en cuestión la soberanía de los Estados-Nación. Trump ha expresado su desconfianza respecto de estos aparatos de poder mundial, y ahora Bolsonaro ha hecho lo propio. Creo que es saludable para la democracia de los pueblos socavar la legitimidad de estos aparatos de dominio externo, toda vez que su legitimidad no depende de la voluntad de los ciudadanos de una determinada nación, sino de los arreglos internacionales de poder que son completamente ajenos a los pueblos. Puede sostenerse, sin riesgo a exagerar, que la mayor parte de la ingeniería cultural que está reventando los fundamentos morales de Occidente no podría llevarse adelante de no ser por el financiamiento, la coordinación y la ejecución de las organizaciones internacionales. Que la ideología de género, por ejemplo, hoy sea la ideología oficial de prácticamente todos los Estados de Occidente no obedece a una espontánea «toma de conciencia» que, por arte de magia, emergió al mismo tiempo y de golpe en todos los rincones del hemisferio. Obedece (y esto puede constatarse en las políticas de Open Society, los financiamientos de IPPF, el accionar de la CIDH, o las mismísimas reuniones del Fondo de Población de la ONU) a la presión de fuerzas internacionales cuya voluntad se impone a la de los pueblos.”
En el Perú, el ex Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Francisco Tudela, calificó la Medida Provisional del presidente Bolsonaro de “enormemente positiva” y añadió que “es indispensable que sea pública toda fuente de financiación para los partidos políticos y las ONG’s que promueven temas de políticas públicas, puesto que lo que buscan en ambos casos estas organizaciones es influir sobre la opinión pública y sobre el poder político para conseguir sus objetivos. Y, por lo tanto, es enormemente importante que los orígenes de sus fondos y los montos de esos fondos sean transparentes. Más aún, creo yo que ni las ONGS’s ni los partidos deben recibir fondos que estén vinculados a gobiernos extranjeros o a fundaciones de vocación política extranjera. Esta medida del presidente Bolsonaro anuncia el inicio de políticas de ese tipo, puesto que ya hemos visto como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su primer acto de gobierno dio una legislación similar respecto a las ONG’s que se dedicaban a los temas del control de la natalidad.”
La Red Nacional de Abogados por la Familia (RENAFAM), se pronunció también a través de su vicepresidente Jorge de Lama: “Nos parece acertada la decisión del presidente Bolsonaro. En la actualidad son muchos casos en los que los objetivos de las ONG’s están en conflicto directo con las normas constitucionales. Por ejemplo, aquí en Perú hay ONG’s que promueven el aborto a pesar de lo que dice nuestra Constitución. Asimismo, existen ONG’s que reciben fondos por hacerle juicios al Estado, pero a la vez trabajan conjuntamente con éste capacitando jueces. Son juez y parte. El error de muchos es creer que los intereses de las ONGs coinciden con los intereses de la ciudadanía y eso no es así. Es por eso que es necesario que el Estado supervise y controle estás organizaciones para que sus actividades estén dentro del marco constitucional que los ciudadanos hemos pactado.”
Este decreto temporal del presidente Bolsonaro expirará a menos que sea ratificado en un plazo de 120 días por el Congreso y su ejecución queda a cargo de Carlos Alberto Dos Santos Cruz, el nuevo Secretario de Gobierno de Brasil. El decreto forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Administración de Bolsonaro durante su primer día al frente de la Presidencia brasileña.
Objetivos:
• Canalizar la voz de la ciudadanía ante autoridades públicas e instancias de la sociedad civil para hacer presentes sus derechos y promover sus deberes.
• Promoción, divulgación y defensa de los valores, derechos y deberes de la familia y de la vida humana.
